La anunciada subida del gasóleo no será aprobada. La medida que el Gobierno de España se había comprometido a implementar ante Bruselas —equiparando el precio del gasóleo al de la gasolina— ha quedado bloqueada. Este cambio suponía un aumento de hasta once céntimos por litro, afectando de lleno a millones de conductores, entre ellos muchos transportistas.
Una medida anunciada pero inejecutable
El Ejecutivo de Pedro Sánchez había acordado con la Unión Europea eliminar las bonificaciones fiscales del diésel como parte de las condiciones para recibir nuevos fondos Next Generation. Esta subida de precio buscaba acelerar la transición energética e impulsar la compra de vehículos eléctricos e híbridos.
No obstante, la realidad parlamentaria ha frenado la medida, al no contar con el apoyo suficiente para ser aprobada. Sumar ha condicionado su voto a la inclusión de una tasa a las energéticas, una exigencia rechazada por el PNV. Por su parte, el PP previsiblemente optará por la abstención para evitar el coste político de apoyar una medida impopular en vísperas de la Semana Santa.
El diésel sigue vivo: alivio para millones de conductores
Con esta decisión, se mantiene una de las pocas ventajas competitivas del gasóleo frente a otros combustibles: su menor coste de utilización. Esto representa un alivio para millones de trabajadores y familias, especialmente aquellos con vehículos antiguos o que dependen del coche como herramienta de trabajo.
En España, más del 60 % del parque móvil sigue siendo diésel. Subir el precio del gasóleo sin alternativas reales de transición habría supuesto un impacto directo en trabajadores autónomos, transportistas y familias con rentas más bajas.
Una decisión que refuerza el papel de los transportistas
Aunque el sector del transporte iba a estar exento de esta subida, el impacto sobre la cadena de suministros y la movilidad laboral hubiese sido inevitable. Desde Plataforma Nacional valoramos positivamente que esta medida haya quedado paralizada, al menos por ahora.
Seguimos defendiendo un modelo justo de transición ecológica que no penalice a los trabajadores ni a los pequeños transportistas. La fiscalidad ambiental debe aplicarse con sentido común, sin castigar a quienes sostienen día a día la economía real de este país.
Más que nunca, estar unidos marca la diferencia
Esta noticia demuestra que la presión social y sectorial sí da resultados. Desde Plataforma Nacional seguiremos vigilantes y combativos ante cualquier intento de imponer medidas que perjudiquen a los profesionales del volante y al transporte en su conjunto.