Más de seis meses después de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana, miles de vehículos siguen abandonados en campas, sin posibilidad de ser dados de baja o tratados como residuos. El motivo: una maraña burocrática impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) que impide a las empresas de auxilio en carretera actuar con eficacia y legalidad.
Desde Plataforma Nacional denunciamos esta situación como una muestra más del abandono institucional hacia quienes trabajan sobre el asfalto. Lo que comenzó como un problema puntual tras las inundaciones se ha convertido en un bloqueo administrativo que afecta al medio ambiente, la seguridad y la economía de decenas de empresas.
Un problema enquistado por la burocracia
Los vehículos siniestrados fueron retirados por grúas de auxilio, Protección Civil y la UME durante la emergencia. Muchos de ellos no tienen documentación ni han sido reclamados por sus propietarios, que ni siquiera han sido informados de su paradero. La DGT, escudándose en la ley de protección de datos, no facilita información, ni lo hacen las aseguradoras ni los Ayuntamientos.
Mientras tanto, los empresarios de auxilio asumen el coste del almacenamiento y la vigilancia, exponiéndose a robos y daños, sin poder actuar legalmente sobre los vehículos.

Un callejón sin salida
La normativa actual exige que se contacte al titular del vehículo antes de iniciar el procedimiento de baja administrativa. Pero cuando no se conoce su identidad o incluso ha fallecido, el proceso queda completamente bloqueado. Las administraciones responsables no ofrecen soluciones y se remiten unas a otras, mientras el problema crece.
Un abandono institucional absoluto
Desde Plataforma Nacional nos solidarizamos con las empresas de auxilio y denunciamos el silencio y la dejadez de las administraciones. La DGT, lejos de facilitar soluciones, actúa como un organismo recaudador y represor, sin asumir sus responsabilidades en la gestión de crisis.
Es inaceptable que, medio año después de una catástrofe natural, los afectados sigan pagando las consecuencias. La zona afectada por la DANA ha sido olvidada por el Gobierno central, la Generalitat y los ayuntamientos. Es hora de actuar con responsabilidad.
En Plataforma Nacional no callamos
Desde nuestra organización, exigimos soluciones urgentes y una revisión de la normativa que permita actuar con agilidad en situaciones excepcionales. Ya basta de cargar sobre los hombros del sector profesional los errores y la parálisis de las administraciones.
Una vez más, queda demostrado que la unión y la representación real son necesarias para defender nuestros derechos frente al abandono institucional.