El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de Movilidad Sostenible con 174 votos a favor y solo cuatro abstenciones. El texto ha superado su primer gran trámite parlamentario y pasará ahora al Senado para continuar su tramitación. Aunque esta norma busca modernizar el sistema de transporte en España y cumplir con compromisos internacionales que desbloquean cerca de 10.000 millones de euros en fondos europeos, plantea retos y amenazas importantes para quienes vivimos de la carretera.
Desde Plataforma Nacional, hemos analizado con detalle qué implica esta ley para el transporte de mercancías por carretera. Es vital que todos los Transportistas conozcan tanto los perjuicios como las posibles oportunidades que presenta esta normativa, y por qué es imprescindible mantenerse unidos y organizados ante lo que viene.
Lo que puede perjudicar gravemente al sector
1. La amenaza inminente de los peajes: una propuesta concreta y devastadora
La ley abre la puerta a un sistema de pago por uso en las autovías, y ya existen propuestas concretas sobre la mesa que debemos conocer en detalle. La patronal de grandes constructoras y concesionarias, SEOPAN, ha presentado un plan que supondría un golpe mortal para el sector del transporte por carretera.
Las tarifas propuestas alcanzan hasta 14 céntimos de euro por kilómetro para vehículos pesados, aplicables a 13.674 kilómetros de autovías interurbanas. Para que se hagan una idea de la magnitud del impacto económico, un solo camión que recorra 100.000 kilómetros anuales por estas vías podría llegar a pagar 14.000 euros adicionales al año en concepto de peajes.
Esta propuesta, justificada por un supuesto déficit de inversión en carreteras, ignora deliberadamente que el sector del transporte por carretera ya aporta más de 21.000 millones de euros anuales en impuestos sobre el combustible, a través del Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA del gasóleo profesional. Como ha manifestado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), «nuestra contribución ya es más que suficiente para el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras». Imponer un peaje adicional es, a todas luces, una doble imposición inaceptable y una medida desproporcionada que impactaría en toda la cadena logística, reduciendo la competitividad empresarial y encareciendo el precio final de los productos para los ciudadanos.
2. Descarbonización sin ayudas reales ni garantías económicas
La ley marca como objetivo la neutralidad climática del transporte, estableciendo que el sector, responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, debe avanzar hacia la descarbonización progresiva. Sin embargo, no ofrece garantías económicas suficientes para autónomos y pequeñas empresas, que constituyen la mayoría del sector.
¿Cómo se espera que un transportista con un camión de más de 10 años pueda adaptarse sin incentivos claros ni planes efectivos de renovación? La ley introduce mecanismos para la descarbonización, pero sin un acompañamiento financiero real, esto se convierte en una exigencia imposible de cumplir para muchos profesionales.
3. Revisión de etiquetas medioambientales: nuevas restricciones sin criterios justos
La actualización de las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), que tendrá en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos y las emisiones de CO₂ como criterio adicional, puede derivar en restricciones de circulación para miles de transportistas que aún operan con vehículos diésel. Sin criterios justos y acompañamiento económico, esto puede convertirse en una nueva barrera para ejercer la profesión, especialmente en las zonas de bajas emisiones que van llegando a cada vez más ciudades.
4. Nuevas cargas económicas y burocráticas insostenibles
Además de los peajes, la ley impone una serie de obligaciones que se traducirán en un aumento de los costes operativos y la carga burocrática para nuestras empresas:
Cálculo obligatorio de la huella de carbono: Se nos obligará a calcular y comunicar la huella de carbono de nuestros servicios, así como a implantar sistemas de gestión energética y ambiental auditables. Esto supone una nueva inversión en tecnología y personal cualificado que muchas pymes y autónomos no pueden asumir.
Digitalización forzosa del CMR: La ley establece un plazo máximo de diez meses para la digitalización obligatoria del documento de control administrativo (CMR electrónico). Esta transición acelerada, sin un plan de ayudas y formación adecuado, generará costes significativos y podría dejar atrás a muchos transportistas.
Planes de movilidad sostenible: La implantación obligatoria de planes de movilidad sostenible en empresas de más de 200 trabajadores (o 100 por turno) podría suponer más exigencias para los transportistas que operan como subcontratados, aumentando la carga burocrática sin mejorar necesariamente sus condiciones laborales.
5. Competencia desleal y fomento del desvío modal al ferrocarril
La ley no oculta su objetivo de trasvasar mercancías de la carretera al ferrocarril. Para ello, contempla medidas como la implantación de autopistas ferroviarias en corredores estratégicos y un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías. Esto, en la práctica, se traduce en una competencia desleal hacia el transporte por carretera, que sigue siendo el modo más flexible y eficiente para la distribución de mercancías en nuestro país.
Lo que puede favorecer al transporte profesional
A pesar de los graves perjuicios señalados, la ley también contiene algunos elementos que, bien aplicados, podrían beneficiar al sector:
1. Movilidad como derecho fundamental
El reconocimiento de la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía abre la puerta a considerar el transporte de mercancías como un servicio esencial. Esto puede fortalecer la posición del sector en futuras negociaciones y garantizar que las administraciones trabajen de forma coordinada para proteger nuestra actividad.
2. Inversión pública con criterios sociales y ambientales
La exigencia de que todas las inversiones públicas respondan a criterios de rentabilidad socioambiental puede frenar proyectos ineficaces y dirigir los recursos hacia infraestructuras realmente útiles para el transporte profesional, como la creación de zonas de estacionamiento seguras y protegidas para conductores profesionales y espacios específicos para el transporte de mercancías peligrosas.
3. Mejora en la digitalización y datos del sector
La creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) permitirá recopilar información precisa sobre los flujos de transporte, lo cual puede ser clave para mejorar rutas, reducir tiempos y optimizar la operativa logística. Este sistema de cogobernanza, con participación de todas las administraciones, puede facilitar el diseño de políticas públicas más ajustadas a la realidad del sector.
Nuestra postura: unidad, firmeza y vigilancia
Desde Plataforma Nacional valoramos todo avance normativo que busque mejorar el sistema de transporte en nuestro país, pero no podemos olvidar que toda ley debe partir de la realidad del sector, y no solo del papel. En un contexto donde se multiplican las exigencias, los costes y las normativas, es imprescindible garantizar que los autónomos, los pequeños empresarios y los conductores profesionales no sean los grandes olvidados del cambio.
Aunque la ley busca cumplir con compromisos internacionales y desbloquear fondos europeos, desde nuestra Organización, advertimos que no se puede sacrificar el presente del transporte profesional en nombre del futuro sostenible. El sector no necesita más discursos: necesita realidades. Inversiones justas, ayudas efectivas y decisiones políticas que tengan en cuenta la voz de quienes mantienen en pie la economía desde la cabina de un camión.
Ante este panorama, Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, reitera su rechazo frontal y absoluto a cualquier intento de imponer nuevos peajes. No somos responsables de la mala gestión de las infraestructuras y no vamos a permitir que se nos utilice, una vez más, como la solución fácil para aumentar la recaudación.
Exigimos al Gobierno que dé marcha atrás en las medidas más perjudiciales, que abra un diálogo real con el sector donde se reconozca nuestra contribución, y que se busquen soluciones justas y equitativas. De lo contrario, nos veremos obligados a tomar las medidas de presión que sean necesarias para defender nuestros derechos y el futuro de miles de familias que dependen del transporte por carretera.
En Plataforma Nacional seguimos atentos, porque sin transportistas no hay movilidad posible
Seguiremos analizando cada paso de la tramitación de esta ley en el Senado, proponiendo mejoras y defendiendo con firmeza los intereses de nuestros afiliados, como venimos haciendo desde el primer día. Instamos a todos los Transportistas a permanecer unidos, informados y preparados para cualquier circunstancia.
Porque en Plataforma Nacional no nos conformamos con titulares: trabajamos por resultados reales para el transporte profesional.
Reciban un cordial saludo, Junta Directiva
Plataforma Nacional en Defensa del Transporte